PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 10 DE LA REVISTA ACADÉMICA VIRTUALIS
El Derecho, tanto Público como Privado, se ha encontrado frente a un gran reto con la evolución y uso cada vez más generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). De este modo, por una parte, las ramas tradicionales de esta disciplina como la Constitucional, la Penal o la Administrativa, han sufrido cambios en su doctrina, legislación y jurisprudencia, para hacer frente a esos desafíos y una modalidad ha sido mediante reformas al contenido de sus disposiciones.
Así, por ejemplo, el Código de Comercio integró un capítulo específico sobre comercio electrónico. Por su parte el Código Civil se reformó para dar reconocimiento al consentimiento otorgado por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología y darle plena validez jurídica, como a la firma autógrafa. O bien, se modificó el Código Penal para perseguir y hacer punibles delitos cometidos a través de medios informáticos u otras TIC.
Sin embargo, con frecuencia, la necesidad de desarrollos doctrinales y de Derecho positivo propios para regular el uso de la tecnología se ha hecho evidente. En este tenor, han surgido una buena cantidad de temas que están relacionados con las TIC y que deben ser tratados de forma separada, tales como la privacidad y protección de datos personales en la era digital, los delitos informáticos o cibernéticos (que no están enumerados ni analizados en profundidad en el Código Penal mencionado), los desafíos del derecho de autor y en general la propiedad intelectual (que incluye la industrial) ante medios como Internet, el Gobierno electrónico o e-Gov, entre otros tantos.
Como consecuencia, en distintas regiones se empieza a reconocer al Derecho de las TIC como una rama autónoma y reconocible de otras tantas, que se especializa en los distintos asuntos aludidos. El Derecho de las TIC, en la misma lógica que conceptualmente ha supuesto para los sectores que la componen tras un proceso de convergencia tecnológica, agruparía a los tres implicados. Hablamos entonces de una categoría que supera (pero que se alimenta de su contenido) al más clásico Derecho de las telecomunicaciones, al Derecho del audiovisual o Derecho de la comunicación y al Derecho informático.
Entendido esto, se puede pensar en una definición del Derecho de las TIC desde dos perspectivas. Una de ellas sería la que lo conceptualiza como aquel conjunto de legislación, jurisprudencia y otros cuerpos normativos que regulan los aspectos referentes a las TIC. Por otro lado, como el conjunto de estudios o análisis doctrinales y teóricos que se enfocan y especializan en esos fenómenos. En ambos casos, el Derecho de las TIC sigue siendo incipiente en México.
Es por todo lo anterior que el número 10 de la revista académica Virtualis quiere ser una aportación a la problemática, reuniendo los trabajos de destacados especialistas en cuestiones relacionadas con el Derecho y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de algunos profesionales en ejercicio, ya sea de la abogacía o el periodismo y que están vinculados a estos asuntos.
El propósito de este número temático, como se indicó en la convocatoria a los trabajos, es el de recoger artículos que versen sobre los distintos aspectos jurídicos que implica la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) y los retos que ésta conlleva. Así, como también se indicó en ese momento, el análisis de los distintos temas que guardan relación con asuntos legales (y jurídicos y/o normativos en general) en torno a la Sociedad de la Información arroja una primera conclusión: el tránsito hacia la misma supone un fenómeno global que, al tener como uno de los soportes esenciales a Internet, implica que se difuminen los límites de las fronteras nacionales para colocarnos en un plano internacional en donde, por un lado, es necesario estudiar lo que sucede en las realidades de otros países (de ahí que los artículos en donde se efectúa comparación jurídica y de políticas públicas son muy adecuados para este décimo número) y, por el otro, se piense en acuerdos y tratados a nivel mundial para hacer frente a una problemática de este tipo y a los distintos subtemas para los que no es suficiente tomar decisiones únicamente locales.
El lector de este ejemplar podrá leer artículos relacionados con Gobierno electrónico y Gobierno abierto, protección de datos y privacidad, Derecho de las telecomunicaciones, propiedad intelectual y derechos de autor o neutralidad de la Red.
El primero de ellos es de un experto en distintos aspectos jurídicos de la tecnología, Javier Puyol Montero, quien en esta ocasión escribe sobre la reutilización de la información en el sector público, abordando principalmente el caso español y europeo, pero no sin tomar en cuenta elementos conceptuales que pueden ser aplicables a otras realidades.
El segundo artículo es de mi autoría y se ocupa de analizar las posibles vulneraciones al derecho a la privacidad cuando se utilizan sistemas o metodologías como la del Big Data y el Cloud Computing en el ejercicio del Gobierno abierto, uno de los fenómenos que más fuerza ha tomado en los últimos años, pero del que desde luego, deben cuidarse todos sus aspectos para evitar impactos inadecuados en los derechos fundamentales.
El número temático cuenta también con el artículo de Rodrigo Cetina Presuel, que realiza un exhaustivo estudio sobre el papel del fair use en el contexto de los límites y excepciones al derecho de autor, aportando asimismo, otras alternativas a dichas limitantes que aparecen en legislaciones nacionales y en los instrumentos internacionales, tales como el Convenio de Berna.
El siguiente artículo, de Erik Huesca Morales, explica las características y elementos que integran la noción de neutralidad de la red, partiendo del supuesto de que la misma ha sido enarbolada como bandera libertaria, pero no siempre comprendiendo sus alcances y limitantes.
El quinto artículo es de la autoría de Héctor Guzmán Rodríguez quien escribe sobre dos procesos que tuvieron lugar en 2014 y que guardan similitudes en su contenido, si bien no en la decisión y orientación que sobre ellos se ha hecho: la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que invalida la Directiva de retención de datos y la aparición de la nueva Ley de Telecomunicaciones mexicana que establece la obligación de las autoridades de colaboración con la justicia.
Por su parte, Anthony Flores Mérida se ocupa de hablar sobre el fenómeno de la “glocalidad” y cómo se puede construir la identidad individual, social y ciudadana en su contexto, con los consecuentes desafíos que ello implica, tomando en consideración que vivimos en un mundo conectado en demasía, o hiperconectado.
Finalmente, en cuestión de artículos, David Villa y Jenny Torres establecen cuáles son los elementos de las políticas de conectividad en materia de TIC y qué deben o deberían contemplar desde el punto de vista de los derechos humanos y otros derechos involucrados, aquellas que diseñan los Estados, sobre todo poniendo atención al caso ecuatoriano.
Como cada número de Virtualis, este ejemplar cuenta con una entrevista, en este caso realizada por quien esto escribe, a una de las personalidades más importantes en el mundo académico de la Comunicación, el Dr. Raúl Trejo Delarbre. Conversamos sobre la Reforma de Telecomunicaciones y el gran conocimiento del entrevistado nos ilustrará sobre temas como la integración del IFETEL, el papel y futuro de los medios públicos, el apagón analógico y los derechos de las personas reconocidos en la Constitución (derechos fundamentales), sus como usuarios (derechos de los consumidores) y como televidentes, radioescuchas o lectores de contenidos multimedia (derechos de las audiencias).
El número cierra con broche de oro, con la reseña que también suelen contener los números de esta revista. En este caso escrita por Evelyn Téllez Carvajal, reseñando una obra de singular importancia: El Derecho en la era digital, cuyo autor es el reconocido penalista mexicano Alberto Nava Garcés.
Esperamos que el apreciable lector disfrute de este número temático sobre Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Dra. Wilma Arellano Toledo.
Abril de 2015.