Entrevista al Dr. Raúl Trejo Delarbre

Tema: la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones

Dra. Wilma Arellano Toledo

WILMA ARELLANO (WA): Primero que nada Dr. Raúl Trejo Delarbre, quiero agradecer la oportunidad de charlar con usted sobre este tema y conocer sus puntos de vista y análisis al respecto, siendo uno de los especialistas más importantes de este país. Así, la primera cuestión sería la siguiente: ¿Con la Reforma en Telecomunicaciones tenemos avances, retrocesos, ambos? ¿Cuál sería la evaluación global de la misma?

RAÚL TREJO (RT): Si la comparamos con lo que hemos tenido en México y la verdad es que en este terreno no había cambios desde hace medio siglo, en el caso de la radiodifusión y desde hace varios lustros en las telecomunicaciones, creo que es inevitable reconocer que se trata de una reforma muy importante, con cambios drásticos. Aunque hay que admitir también que no son tan completos como algunos habríamos querido: no satisfacen las expectativas de todos, pero a mí, para responder concretamente a la pregunta, me parece que es una reforma histórica que establece las condiciones para un nuevo régimen que reconoce los cambios tecnológicos en las áreas de telecomunicaciones y radiodifusión.

¿Qué teníamos antes? Teníamos una casi completa ausencia de regulación, una autoridad débil, sin atribuciones suficientes, supeditada al gobierno Federal; con una enorme vulnerabilidad ante las presiones de los actores corporativos. ¿Y hoy qué tenemos? Tenemos un organismo regulador fortísimo con facultades (algunos dicen que demasiado intervencionistas) pero en todo caso con facultades suficientes para regular a las televisoras que en México han acumulado un enorme poder político y para regular a una de las empresas telefónicas, la del hombre más rico del mundo. De ese tamaño son las facultades del Ifetel y de esa dimensión son sus desafíos.

WA: Y hablando justo del órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), ¿cómo vio usted la conformación del que supuestamente va a ser un órgano independiente del poder y las acciones que hasta ahora ha ejercido? Por ejemplo, las primeras declaraciones de dominancia y el resto de las resoluciones que ha dictado.

RT: Yo creo que aquí hay tres aspectos a considerar. Primero, las reglas para la designación de los comisionados del Ifetel: yo considero que fueron reglas resultado de la desconfianza que había en los partidos políticos hacia un proceso de designación que pudiera resolverse por cuotas partidarias. Y entonces los partidos, en el Pacto por México, estoy hablando respecto de la reforma constitucional, establecieron un procedimiento que inicialmente quizá pareció virtuoso, pero que ha sido tan enmarañado que ha tenido problemas de diseño que son importantes.

Es un procedimiento que apuesta por la independencia y el conocimiento y la falta de compromisos corporativos y políticos de los posibles candidatos. Pero es un proceso que deja en manos de tres organismos autónomos (el INEGI, el Instituto de Evaluación de la Educación y el Banco de México) la selección de los aspirantes que deben demostrar su capacidad técnica y su conocimiento de los asuntos que van a regular, a través de un examen que, según las reglas, establecerían un par de Universidades.

Eso parecía garantía suficiente para asegurar que hubiera independencia y aptitud técnica y profesional de los aspirantes. El problema es que no hay en este procedimiento reglas de transparencia y tampoco para la revisión de las decisiones de esos tres organismos autónomos. Lo que ocurrió entonces es que se llevó a cabo un procedimiento con una gran cantidad de aspirantes. Las posibilidades de decisión que tendría el Ifetel no son menores, el salario entiendo que tampoco, muy atractivo para mucha gente, y en el cual hubo un examen muy pertinente pero, sin embargo, cuyos resultados no hubo manera de conocer y mucho menos de recusar. Yo conocí casos de gente muy capacitada, casos que no son secretos, supe de los casos por ejemplo de miembros de la Academia de Ingeniería en Telecomunicaciones que fueron reprobados, que no pasaron el examen y ellos están absolutamente seguros de que pueden no haber satisfecho otros requisitos, pero que en conocimientos, ellos los tienen. Ni siquiera saben en qué se equivocaron, publicaron dos o tres desplegados en la prensa hablando de ello.

De tal manera, hay motivos para suponer que no fue un examen que evaluara todas las capacidades técnicas, o bien, que fuese bien calificado. Y sobre todo, ya en la segunda fase, los perfiles públicos de quienes habían sido seleccionados en la primera etapa eran conocidos y fue del dominio público que algunos de los aspirantes no reunían los requisitos de independencia respecto de las empresas que habrían de regular: en la lista hubo quienes fueron asesores de empresas telefónicas hasta hace muy poco tiempo e incluso una persona que un año antes había sido director de una empresa de Telmex. Algunas de esas personas fueron seleccionadas por la Comisión y se propusieron al Senado en las listas que se dieron a conocer.

Aquí hubo un manejo inescrupuloso y descuidado de parte del INEGI, del Banco de México y del INEE o de quienes los representaron en ese comité de selección y nunca se supo cuáles eran las razones de estos organismos para seleccionar a gente que no reunía, no sé si los requisitos de conocimiento técnico, pero evidentemente no los de independencia respecto de las corporaciones. Como consecuencia hoy tenemos entonces en el Ifetel a gente cuyo trabajo está comenzando a ser evaluado por las decisiones que han tomado en los últimos meses, pero que no tiene la independencia que hubiera sido deseable. Hay nombres y apellidos muy conocidos. De todos modos, esos son los que son y los que están regulando ya a las telecomunicaciones.

Por eso decía antes que hay que tomar en cuenta tres aspectos: lo que dicen las reglas, la manera en que se aplicaron las reglas y la manera en que están funcionando estos siete comisionados. Y diría, a la luz de su desempeño reciente, que éste es de muy pocos meses. En principio me parece que están haciendo su trabajo y hay dos grandes momentos en el ejercicio reciente. Uno es la declaración de preponderancia, aún antes de la expedición de la Ley reglamentaria. Yo creo que el Ifetel y sus comisionados cumplieron con lo que les indicaron en la Constitución y con los elementos que tenían a la mano lograron determinar la preponderancia de las empresas América Móvil en telefonía (que eso no era muy difícil) y de Televisa en televisión con un documento interesantísmo, que recupera argumentos de la propia Televisa que con sus datos se ufana de tener la mayor audiencia —lo cual es cierto— y una gran cantidad de estaciones televisoras, de infraestructura y de frecuencias concesionadas —lo cual también es cierto—. Se trata de un documento inteligente que Televisa impugnó en los tribunales, con objeciones que hasta el día de hoy han sido rechazadas por las instancias a las que se ha asomado esta empresa.

El otro momento para evaluar qué ha hecho el Ifetel fue la decisión dividida, porque no fue unánime, de no impugnar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por algunos elementos de la nueva legislación, tal y como lo proponían dos de sus comisionadas. Su argumento me pareció débil, pero ha sido muy políticamente correcto desde el punto de vista de quienes sí querían que hubiera impugnación. Mucha gente dice: “hubieran impugnado, hubieran aprobado los comisionados del Ifetel este reclamo ante la Corte, para ver qué hacía ésta”. A mí me pareciera poco responsable una impugnación sin argumentos suficientes, entre otras cosas porque cualquier demora que pudiera haber surgido de una revisión de la SCJN (de la inconstitucionalidad o no de la actual legislación) hubiera repercutido en un aplazamiento en las fechas que tiene establecidas constitucionalmente el mismo Ifetel y había supuesto una contradicción muy interesante.

Y, por otro lado, para ir al fondo de la argumentación, estas dos comisionadas dicen: “El Instituto ve reducidas sus atribuciones en vista de la Ley reglamentaria”. No estoy seguro de que tengan razón: ¿qué atribuciones deja de tener? En la evaluación de contenidos de radiodifusión, la nueva Ley dice: el Ifetel va a evaluar y la Secretaría de Gobernación va a poner multas. Ahí no le están quitando atribuciones. En otros casos, no encuentro con toda claridad qué le quitan al Instituto que le diera ya la Constitución. Es un asunto a discutir. Creo, en fin, que no había argumentos suficientemente sólidos, como sí los ha habido en otros momentos para impugnar ante la Corte una legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Tiendo a pensar entonces que el Ifetel actuó de manera correcta, aunque sé que esta opinión mía es muy impopular, porque mucha gente hubiera querido que se fuera a la Corte esa impugnación.

WA: Otro de los temas interesantes de la reforma es la cuestión de la Inversión Extranjera Directa, de la cual se ampliaron los porcentajes para fomentar más competencia con la entrada de competidores internacionales, ¿cómo evalúa usted este esquema por el que sólo se puede invertir el 49% en radiodifusión —sujeto a la cláusula de reciprocidad de lo que puede invertir México en otro país— y en telecomunicaciones un 100%? Hay quien dice que esto contradice un poco lo que dice la Exposición de motivos, que habla de convergencia tecnológica y que implica a sectores que ya no pueden separarse tan tajantemente.

RT: Hay una creencia ideológica muy asentada en la clase política mexicana, en todos los partidos políticos (aunque sobre todo en el PRI, el PRD y el resto de las izquierdas), que sigue considerando que los medios de radiodifusión deberían estar en manos nacionales, que siguen creyendo que se pueden poner límites a la influencia ideológica del extranjero y que siguen considerando que son mejores los inversionistas nacionales que los extranjeros, como si hubiera un comportamiento más virtuoso ideológica, cultural y políticamente hablando de los nacionales a diferencia de los extranjeros.

Considero que esta creencia es parte de los atavismos que seguimos teniendo entre nuestros políticos y de la ignorancia. Yo he preguntado: ¿son mejores los contenidos de Televisa y TV Azteca a los de Fox, de Telemundo o la CBS? Pues no estoy seguro. Pero sobre todo, el hecho de que esté limitada la inversión extrajera en la radiodifusión, ¿limita la llegada a México de la televisión y la radio, de los programas, las películas, la música del extranjero? Pues evidentemente no. Tenemos medios de comunicación absolutamente permeados por contenidos de fuera, porque si algo no se puede regular, tanto en Internet como incluso en televisión y radio, es el flujo de contenidos, la abundancia y la llegada de contenidos de otros países. No podemos, y aquí hay un problema hasta de libertad de expresión y de derechos de las audiencias, limitar el derecho de los mexicanos a recibir los contenidos que quiere la gente y que, cuando así lo decide, sigue prefiriendo películas estadounidenses o contenidos en Netflix, programas de cable de estaciones asentadas en Miami, Nueva Orleans o Nueva York.

Creo que hay una distorsión ideológica en la limitación de esta inversión. Ya es un cambio importante que se pueda invertir hasta casi la mitad, yo dije, durante mucho tiempo antes de esta reforma legal, que la convergencia tecnológica es tal, que sería ilusorio no abrir hasta el 100% a la propiedad extrajera. Claro, este punto de vista que yo señalo se enfrentaba a los intereses de las corporaciones mexicanas. ¿A quién beneficia la limitación de la inversión extranjera en radio y televisión? A tres actores: a Televisa, TV Azteca y también a Slim, que hoy no tiene televisión, pero está apostando a influir con contenidos suyos en los medios mexicanos en los siguientes años.

WA: Y qué opina de esta situación de que no ha habido prácticamente postores o empresas extranjeras que se hayan pronunciado abiertamente sobre las posibilidades de invertir, porque quedó establecido en la Constitución y la disposición está vigente desde hace año y medio y la ley secundaria apareció en junio. Yo me imaginaba que de repente vendrían empresas como O’Globo, Venevisión o las empresas estadounidenses a querer invertir y no se ha escuchado demasiado de eso.

RT: No. Bueno, entre otras cosas, porque pueden invertir hasta la mitad. Sí hay intereses recientes para invertir en telefonía, sobre todo en el segmento que va a dejar Slim, que es importantísimo. Se dice —me atengo a la información de la prensa, sobre todo— que hay varias compañías, tanto estadounidenses como europeas y alguna asiática, que podrían estar interesadas en adquirir en telefonía, en la parte que deja América Móvil. ¿En radio y televisión por qué no? Porque el control sigue estando en manos de empresas mexicanas, pero no es descartable que en los planes de inversión de quienes están concursando por alguna de las dos nuevas cadenas de televisión privada, haya o esté prevista la alianza, con alguna firma extranjera.

De Estados Unidos quienes podrían estar interesados son las empresas de televisión en español, sobre todo. Y de estas empresas, una, que es Univisión, sigue teniendo lazos corporativos con Televisa y esta empresa está siendo muy celosa de las alianzas de quienes han sido sus socios y está sancionando a quienes real o aparentemente se están yendo a concursar para formar parte de la competencia, de la propia Televisa.

Un ejemplo es la exclusión del señor Larrea, que no es defendible en absoluto, pero es un dato que nos habla de la actitud de Televisa y, más recientemente, la exclusión de Claudio X. González. Ambos salieron del Consejo de Administración de Televisa por tener intereses en los grupos que están en la competencia: uno jugando por otra televisora y el otro entre quienes están revisando el plan de desinversión de Telmex. Bueno, Televisa tiene alianzas con Univisión, pero también con Telemundo, con la cual después de muchos años acordó un convenio para transmitir en México en el canal 9 (parte de los contenidos de esa cadena estaban ahí) y quizá eso inhiba la participación de Telemundo en alianza con alguna de estas empresas que hoy han dicho que quieren competir por esas dos cadenas o alguna de ellas.

WA: Por otro lado, también se aprobó tras la reforma un esquema que es el del must carry y el must offer, que implica retransmisión de señales. ¿Esto qué tanto podría beneficiar, o no, los derechos de las audiencias que también menciona la Constitución? Que suponen otro gran cambio y que también los menciona la Ley secundaria: derecho a una información plural, oportuna, que no se presente información como noticiosa cuando se trata de publicidad, etcétera. ¿Este esquema qué tanto podría beneficiar, inhibir o potenciar a estos derechos de las audiencias?

RT: Bueno, el derecho de las audiencias lo reivindica: la gente tiene derecho a que si contrata un sistema de televisión de paga, en ese sistema estén incluidos todos los canales de televisión abierta y no sólo unos cuantos. Creo que es un gran cambio y beneficia a las otras empresas, por supuesto. Si Televisa había mantenido hasta la fecha la hegemonía en la televisión de paga era no solamente porque ha comprado cada vez más cableras, ni porque tiene un sistema satelital, sino porque durante 10 años cuando menos (quizá un poco más) se dedicó a extorsionar a sus posibles competidores indicándoles que si contrataban con empresas que no formaban parte de ese corporativo, les iba a retirar el derecho a retransmitir los canales de Televisa. Con esta actitud, para ser más claro, Televisa sacó del mercado hace algunos años (quizá usted recuerda la experiencia) a la empresa DirecTV. Era una empresa muy pujante que fue pionera en la televisión satelital en México y cuando Televisa aparece con su sistema Sky, golpea a DirecTV quitándole el derecho a difundir los canales de Televisa y de paso de Televisión Azteca que se alió con ella para esto.

Gracias a la reforma constitucional, como bien lo dice en sus anuncios en la radio, la empresa Dish puede tomar los canales de Televisa y TV Azteca. Es un cambio que beneficia a los suscriptores de Dish, que ha permitido que crezca mucho en la cantidad de usuarios en televisión satelital y ya es un competidor fuerte de Sky: se benefician los clientes y el mercado, si es que esto existe, que yo creo que sí, al haber más competidores.

¿Cuál es el futuro del must carry y el must offer? Pues que esto se mantenga, aunque en la reforma legal reciente hay una disposición que puede meterle algo de ruido cuando se dice que el cumplimiento de ambos está supeditado al respeto a los derechos de autor, garantizados en la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Qué significa esto? Lo que el Ifetel decida. Aquí se abre una vía para que con el pretexto de reivindicar derechos de autor se cobre a las empresas que retransmiten señales de televisión abierta, derechos de compositores, de músicos, que son derechos que yo creo que legítimamente tienen los creadores pero que, no es un secreto, Televisa ha usufructuado como si fueran de ella. Entonces el Ifetel, cuando aparezcan denuncias en ese sentido, tendrá que tener mucho cuidado para que, no por tratar de defender derechos de los legítimos de los autores, termine defendiendo intereses corporativos de Televisa.

WA: Hemos hablado algo de derechos de las audiencias, pero luego hay otra gama de derechos reconocidos con esta reforma y que también están ya plasmados en la Ley secundaria: los derechos fundamentales. Hubo mucha polémica en cuanto a que se pusiera en la Constitución un derecho de acceso a Internet de banda ancha para todos los mexicanos o la inclusión hacia la Sociedad de la Información. Se decía que eso no tenía que estar en el artículo 6º de la Ley fundamental, porque es una obligación difícil de cumplir quizá y, por otro lado, que pudiera quedar en letra muerta: reconocido en la norma suprema, pero con la interrogante: ¿Cómo lograr que todos los mexicanos accedan, convirtiendo en realidad ese derecho?

RT: Bueno, la Constitución tiene muchos derechos que son, sobre todo, buenas intenciones: el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda. Son prerrogativas que establecen metas programáticas y sociales para el Estado mexicano, aunque es evidente que no se cumplen de inmediato. Por un lado, qué bueno que estén. El problema con la precisión de la banda ancha es que es de una especificidad técnica que muy posiblemente sea superada por el desarrollo tecnológico en muy poco tiempo. ¿Cuál va a ser la forma más rápida y eficaz de difundir mensajes por Internet dentro de 10 años? Pues yo no sé, pero si, desde luego que si por banda ancha entendemos no solamente los parámetros técnicos que hoy significan eso, una determinada cantidad de bits por segundo en la descarga y la subida de información, sino entendemos la opción técnica más rápida disponible en el mercado, pues entonces yo creo que es un derecho útil y está bien que esté en la Constitución, aunque se podría haber fraseado de otra manera.

Lo llevo a un extremo más problemático: ¿Internet va a ser Internet dentro de 20 años? No sabemos. A lo mejor habrá otra cosa que se llame de otra manera y en ese sentido la disposición puede quedarse rezagada. De cualquier forma, el origen de esto está en la manera en que se diseñó la reforma constitucional, con una especificidad tan detallada, que permitiera y que obligara a que, pasara lo que pasara en la elaboración de la ley reglamentaria quedaran plasmadas esas garantías básicas.

Con esto, dicha especificidad obedece sobre todo a la desconfianza entre los partidos y a la presunción de que la negociación de la ley reglamentaria, que podía ser aprobada como sabemos por mayoría simple en el Congreso y no por la mayoría calificada que requiere la constitucional, se previó que podían intervenir muchos factores que pudieran echar para atrás estas reformas. La reforma constitucional por eso es tan, tan, tan, pero tan detallada, que con razón incomoda a los juristas: la Constitución creció muchísimo como resultado de estas reformas y ésta fue intencionalmente pormenorizada (insisto) debido a la desconfianza mutua entre los partidos políticos.

Por eso ahora, ¿Internet de banda ancha qué significa? Pues Internet con velocidad, capacidad y accesible para la población. ¿Podrá el Estado garantizar esto? Yo creo que sí. Si se utilizan las bandas inalámbricas y el uso de la fibra óptica de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), de las cuales dispone el Estado, con una política específica para ello. Y, más allá del dilema jurídico, hoy en día la discusión pertinente creo que es, ¿cómo le va a hacer el Estado para garantizar Internet accesible, no sé si gratuito o en todo caso a precios muy accesibles a pagar por parte de la población? Telecom de México, que es la empresa que estará encargada de toda esta enorme operación, una cosa enorme y costosísima, pero con muchas posibilidades.

¿Será solamente un prestador de servicios para empresas privadas? ¿O va a dar también un servicio directo a comunidades marginales o en espacios abiertos? Hay quienes dicen que el Estado no tiene por qué brindar Internet directa, yo pregunto: ¿y por qué no? No hay ni legal, ni política, ni económicamente argumentos en contra de eso, pero hoy en día hay un litigio no abierto, pero sí muy fuerte y con muchísimos intereses, entre quienes pretenden que el Estado se limite a ser un proveedor de servicios para empresas o quienes dicen que también tendrían que dar servicios directamente a los usuarios. Ahí está la gran discusión.

WA: Claro, y ahí intervienen dos empresas, que es Telecom (que va a operar la red troncal) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cede la concesión para brindar servicios de telecomunicaciones a través de esa red de fibra óptica. Y aquí también hay otra cosa que es el acceso en edificios públicos, disposición que también se incluye en los transitorios. Entonces ahí, ¿qué papel jugará el Estado en gestionar todo esto con esas dos empresas y poder brindar además del acceso a Internet de banda ancha, la conectividad en los edificios públicos?

RT: La CFE tiene que ceder todos los troncales de fibra óptica y eso entiendo que ya está ocurriendo. De hecho, la Comisión no tiene fibra óptica hasta los domicilios, sino a esto que llaman los “hoteles”, centros desde los que se distribuye la energía eléctrica. En algunos casos quizá tiene hasta domicilios, pero nacionalmente no. Bueno, de ahí lo tiene que tomar Telecom y lo importante es ver cómo va a operar esta empresa estatal que de dar telegrafía pasa a ofrecer Internet, lo cual implica una transformación técnica y también administrativa. Desde luego los operadores de telégrafos no van a estar listos para ser los que presten Internet, pero ello implica que la empresa crezca y ya con una enorme velocidad.

¿Cómo va a funcionar y con qué programa de trabajo? Hay que recordar que el diseño de la política informática del Estado le corresponde al gobierno, pero con opinión también del Ifetel. El Instituto está tan ocupado que tengo la impresión de que no se han empleado en estas cuestiones y Telecom maneja la fibra óptica y la fibra oscura y la banda inalámbrica: dos grandes instrumentos para llevar Internet a todos lados.

WA: Y hay otra categoría de derechos que son aquéllos que tenemos como usuarios o como consumidores de los servicios que brindan las telecomunicaciones que también quedaron plasmados en la legislación secundaria, además muy puntualmente también, como el derecho a consultar el saldo de manera gratuita, el derecho a una cancelación anticipada del contrato telefónico, etcétera. ¿Cómo ve esto? ¿Fue en avance?

RT: Sí, yo creo que sí. Sobre todo si recordamos la enorme alevosía de las compañías telefónicas y particularmente Telcel y Telmex, en ese orden, con los usuarios. Vaya, todos los que usamos teléfonos, sobre todo celulares, hemos sufrido los trámites tortuosos, los malos tratos, las decisiones atrabillares y arbitrarias (las dos cosas) de las empresas. Todos tenemos quejas y yo creo que es pertinente que haya normas específicas para que sepamos cuál es la información que poseen estas empresas, para que protejan nuestros datos personales, para que haya recursos de revisión, para que podamos incluso cambiar de empresas, lo cual hasta hace poco tiempo era muy difícil. Eso está muy bien. Lo que me preocupa es la propaganda del Gobierno que, de pronto, se ufanó tanto de estos cambios (que insisto están bien) que pareciera que toda la reforma que se hizo fue para que pudiéramos cancelar nuestro contrato con estas empresas o para cambiar nuestro número para ejercer el derecho a la portabilidad. La reforma es esto y es muchísimas cosas más.

Creo que estos derechos están razonablemente bien planteados. Considero que es pertinente que actúe la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en defensa de los usuarios. Hay quienes dicen que tenía que haber sido el Ifetel, pero yo creo que ya se le cargó de demasiadas funciones. Lo que habría que hacer sería revisar el funcionamiento de Profeco y ver cómo la sociedad puede, no sé si fiscalizar o al menos observar, las tareas de esta institución. Y ahí hay también un flanco que no se ha discutido, pero la Procuraduría tiene un Consejo Consultivo que yo conocí porque formé parte de él algunos años, que hoy no sé cómo esté formado. Y ahí hay, entre otros, un escenario que valdría la pena revisar, conocer y quizá modificar.

WA: Y también se tiene que crear un Consejo Consultivo para Ifetel, que tampoco se ha creado, que debería contar con expertos, académicos…

RT: Me preocupan las presiones que pudiera tener Ifetel para la elección de su Consejo. No creo que debería ser un Consejo Consultivo con voces de las empresas. Las empresas ya tienen voz e incluso reglamentada: pueden cabildear con reglas de contacto que son muy severas (y qué bueno que lo sean), de tal manera que creo que en el Consejo debería haber más bien voces de la sociedad usuaria y destinataria de muchas de estas reglas: Universidades, grupos de consumidores, grupos de productores, de comunicadores, en fin.

Curiosamente, este Consejo Consultivo lo va a designar el propio pleno del propio Instituto, a diferencia del nuevo Consejo Consultivo del Sistema Público de Radiodifusión Mexicano, que es un consejo que designa el Senado. Éste abrió una convocatoria para que la gente que quisiera proponerse entregue sus documentos y sea la Junta de Coordinación Ejecutiva del Senado quien turne estos expedientes a tres comisiones senatoriales que en pocas semanas tendrán que elegir (no sé si son siete o nueve) a los miembros del Consejo Consultivo del Sistema Público. En el caso del Consejo del Ifetel, el Instituto tiene, si no me equivoco, el plazo hasta febrero para tomar esta decisión. Sería deseable que hubiera una convocatoria, ojalá antes de que termine este año, para que en enero se desahogara ese proceso y se cumpliera con el plazo para que seis meses después de la nueva Ley esté conformado e instalado ese Consejo.

WA: Entonces en términos generales entendemos que estos derechos que se garantizan son un avance. No obstante hay una preocupación, aun cuando hay un apartado entre los derechos de los usuarios, a la protección de sus datos personales. La preocupación se refiere a la obligación de colaboración con la justicia que tienen los operadores para dar la ubicación en tiempo real de un usuario a las entidades facultadas para ello. Además de esto, hay una serie de datos personales que se van a recopilar y que se van a guardar además por un determinado tiempo, de 12 y 24 meses según el soporte. Sobre geolocalización, recopilación y guardado de información, ¿cómo ve usted este problema? ¿Podrían verse atentados los derechos fundamentales, en este caso, el de la privacidad?

RT: Sí. Hay una restricción de esos derechos, evidentemente. Una restricción que yo espero no ocurra todos los días y sólo tenga lugar en casos excepcionales, pero más allá de eso, la nueva legislación le da a las instituciones de procuración de justicia la posibilidad de solicitar no sólo la geolocalización, sino el historial de llamadas o el historial de actividades. No el detalle de los contenidos, no hay autorización para que intercepten nuestras llamadas telefónicas. Eso sí es importante y eso sí requiere de una decisión judicial, según establece la nueva legislación.

La geolocalización sí y entiendo que es una situación incómoda y a mí no me gusta. Hubiese preferido que se requiriera orden judicial también. Éste es de los aspectos más cuestionables de la nueva legislación, pero reconozco que a diferencia del mío y de aquellos con los que coincido en este tema, hay otros puntos de vista. Hay grupos sociales preocupados por la persecución a la delincuencia que han dicho: “Es indispensable que la geolocalización se dé de manera expedita y que no quede sujeta a una decisión judicial que podría ser tortuosa y lenta, para que puedan ser localizados y aprehendidos grupos de secuestradores”.

Y cuando hay grupos sociales con experiencia y respetabilidad en estos temas que argumentan que están de acuerdo con la localización en tiempo real, yo entiendo que ahí hay un conflicto entre los derechos individuales de los usuarios de los servicios telefónicos que tenemos derecho a la privacía y derechos de otro tipo de la sociedad, que tiene derecho a que los delincuentes sean perseguidos, encarcelados y localizados. ¿Quién tiene razón? Ambas partes. ¿Qué hizo el legislador? Resolvió a favor de los segundos. No me gusta del todo, pero sé que es un dilema complicado que matiza mi disgusto ante la apertura a la posibilidad de geolocalización. Estamos ante derechos de las personas que son limitados y hay una restricción a este derecho a partir del reconocimiento de derechos como el derecho al funcionamiento de la justicia, el derecho a que los ciudadanos vean que la justicia puede funcionar en estos casos.

WA: Abordemos otro tema que también ha sido de mucha discusión y es el de los medios públicos, que ahora tendrán ciertas posibilidades de comercialización de sus espacios, pero con limitaciones. ¿Cómo ve usted el futuro de los medios públicos tras esta reforma?

RT: Bueno, hay nuevas reglas y creo que los medios públicos tendrán que trabajar con más imaginación, entendiendo mejor el nuevo marco y aprovechando lo que haya de aprovechable en él. Pero a ver, aquí hay dos grandes apartados: por un lado, las atribuciones —que la Constitución le da y que la Ley no especifica— a los medios públicos en general. Y segundo, el nuevo de Sistema de Radiodifusión Pública del Estado Mexicano que mencionaba hace un rato, que tiene sus propias reglas.

La Constitución dice en uno de sus transitorios, que tú conoces: los medios públicos tendrán derecho a independencia editorial, autonomía financiera, autorregulación de audiencias y contenidos (defensoría). ¿Y qué hizo la ley reglamentaria en una decisión, a mi juicio insuficiente? Lo que decidió el legislador fue transferir a las instituciones y grupos que reciben una concesión de uso público, el compromiso para garantizar estos atributos. Lo que dice la Ley de Telecomunicaciones es: al solicitar una concesión para medios de uso público —y todos los que hoy tienen permiso van a tener que solicitar una concesión de este tipo—, las instituciones o los grupos que lo hagan o que quieran cambiar el permiso por la concesión, tienen que establecer en su petición de qué manera van a cumplir con esas obligaciones.

La Constitución dice: los medios que se manejan con recursos públicos —y los Sistemas Regionales, por ejemplo, lo son—, tienen derecho a la autonomía editorial. ¿Cómo van a garantizar los gobiernos locales que estos Sistemas de Radio y Televisión vayan a ser editorialmente autónomos de los gobernadores, por ejemplo? Les pasaron la pelotita a ellos y tendrán que decidir cómo lo van a garantizar. A mí me parece que los Sistemas Estatales deberán asegurar que por lo menos sus directores sean designados por el Congreso y ya no por el gobernador, que haya estabilidad y no cambios constantes cada vez que hay un nuevo gobernador o cada vez que a éste se le antoja que algún director ya no es tan manipulable.

Quiero decir, tendrá que haber una decisión en cada estado de la República para que estos Sistemas de Radiodifusión y Televisión Pública sean normados por nuevas reglas expedidas localmente. No veo que esto esté ocurriendo y es una ausencia en la legislación federal reciente que le confiere a cada entidad, a cada gobierno local, la posibilidad de dar autonomía editorial e incluso financiera a estos organismos.

¿Qué va a hacer la UNAM? Si la UNAM cumple con las nuevas reglas Radio UNAM y TV UNAM tendrían que tener directores ya no supeditados al Rector. ¿Nuestras verticalísimas y autoritarias Universidades van a aceptar un cambio de ese tipo? Si cumplen con las reglas sí. ¿Están pensando en este cambio? Me consta que no. No se les ha ocurrido. ¿Cuál es la solución? En el caso de la UNAM, que el Consejo Universitario designe a las dos entidades que entonces tendrían estatus único en la Universidad, porque no serían designados por la Junta de Gobierno que designa autoridades académicas, sino por el Consejo. Esa es una solución. Hay otras varias, pero ya tendríamos que estar pensando en ellas. Ahí hay un asunto.

¿Qué otras cosas condiciones tienen los medios públicos hoy? El financiamiento. Ahí hay un asunto para mí absolutamente incomprensible de la nueva norma. Dice un transitorio: los medios de carácter público en instituciones académicas no podrán recibir aumento en sus presupuestos, con motivo de esta legislación. ¿Y por qué no? La UNAM que es autónoma, ¿tiene que atender a esa disposición? Ahí hay un litigio muy interesante. ¿Por qué no va a tener más presupuesto TV UNAM? Sobre todo si pensamos que tiene que transitar de la transmisión analógica a la digital. Bueno, TV UNAM es sólo digital, pero Radio UNAM, por ejemplo, necesita más dinero y no se lo podemos dar y aquí no hay restricción. No sé a qué se deba, confieso que no lo he preguntado y puede implicar limitaciones, prácticas, sobre todo.

Y en el otro apartado de su financiamiento, son estos medios públicos que dependen de presupuesto público y que tienen derecho ahora a recibir patrocinios. Yo creo que está bien. Y aquí hay un litigio: ¿esos medios debieran tener publicidad como cualquier otro? Yo siempre he pensado que sí, pero hay opiniones en el mundo y la discusión internacional que sostienen: si tienen presupuesto público, no deben contar con publicidad comercial. Bueno, ya van a poder tener patrocinios. ¿Cómo los van a manejar? ¿Cómo los van a promover? ¿Con qué reglas? La Ley es muy flexible en ese sentido.

En cambio con el Sistema Público hay una limitación. El Sistema Público de Radiodifusión tiene una ley aparte, que se aprobó como sabes al mismo tiempo que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aquella Ley especifica para el nuevo sistema estatal de medios públicos que los patrocinios, en este caso, no podrán ser mayores de cinco segundos. ¿Qué se puede decir en cinco segundos? Se puede decir lo mínimo y es una limitación real que a nadie le incomodó. Sólo yo lo mencioné cuando participé en las discusiones en el Senado y pasó tal cual. El resto van a poder tener patrocinios, con algunas limitaciones, pero van a poder tener una fuente de recursos interesante, a partir de este cambio legal reciente.

Y hay un asunto adicional en el que tampoco se ha reparado lo suficiente: los medios públicos hoy tienen casi todos permisos y algunos tienen concesiones. El IMER y la XEB tienen concesión; Horizonte tiene permiso; el Canal 22 tiene concesión. Bueno, todos esos sólo van a tener concesión. Van a perder y ni modo, tenían que ser uniformados de alguna manera, pero no sé qué previsiones estén haciendo el IMER y el Canal 22 ahora que pierden la posibilidad de vender espacios comerciales.

Otro gran tema es el del sistema de medios públicos: cómo va a funcionar, con qué criterios, cómo va a ejercer la autonomía real que tiene el nuevo sistema. Ya tiene director y tomó posesión tras ser ratificado por el Senado. Se trata de un profesional de muchos años, Armando Antonio Carrillo Lavat que era el director del OPMA (Organismo Promotor de Medios Audiovisuales). Es un funcionario que si piensa en su designación entenderá que ya no es un empleado del Gobierno. Nombrado por el Senado, tomó protesta delante de los senadores y ya no es empleado de la Secretaría de Gobernación como lo fue con el Organismo. ¿Va a actuar en consecuencia? El nuevo canal de televisión que ya existe y que tiene que crecer, ¿va a funcionar con autonomía, que le permita tener una programación diferente a la que hasta hoy tiene el OPMA o va a ser una repetición de los contenidos? Son programas muy bonitos, muy correctos, irreprochables, pero sin audacia política; son programas de difusión cultural, muy folclóricos, como por ejemplo, la historia de los artesanos. Eso está bien, pero no basta al tener una cadena de televisión que quiere ser una opción diferente a la televisión comercial. Es decir, ¿qué discusión política, qué programas de noticias, con qué autonomía, con qué concepto nuevo, qué difusión de la cultura, toda, y no sólo el folclor y las cosas coloridas de las artesanías y la gastronomía se va a difundir en ese canal? Está por verse.

WA. Por otro lado, está el asunto de la defensoría de las audiencias que tienen que tener los medios y que fue un asunto criticado y polémico porque la misma es una medida de autorregulación y, si la ley lo impone, ya no es autorregulación. ¿Cómo evalúa este asunto?

RT: Estoy completamente de acuerdo, yo siempre lo he dicho: la ética en los medios es muy importante. Que sería deseable para la sociedad que los medios, todos, tuvieran códigos de ética, pero, los que ellos quieran. Porque la ética es un asunto de cada individuo o de cada entidad. Lo que para mí es ético, seguramente para Televisa no lo es y viceversa. Siempre he querido conocer el Código de Ética de esa empresa, que es secreto, y yo por eso siempre he dicho, las leyes son para todos, la ética para cada colectividad.

Ahora, en virtud de esta reforma, es obligatorio que en televisión abierta y en televisión y radio cerradas también, todos tengan códigos de ética y que en el caso de televisión abierta también todos cuenten con, además, defensores de las audiencias. El Ifetel tiene que establecer unas pautas para códigos de ética y lo que van a incluir, lo cual es un gran desafío. Me parece que no sólo deberían integrar principios generales, sino reglas al menos concretas para el manejo de la información: reiterar la prohibición (que ya está en la legislación) a que se confundan contenidos pagados con contenidos propios de la cobertura noticiosa. Establecer reglas como, por ejemplo, la necesidad para que se acrediten fuentes, salvo excepciones en el caso de las coberturas informativas, la prohibición al plagio, la declaración de que no existan entrevistas simuladas, que haya la mayor transparencia en la cobertura informativa. Hay una serie de criterios que se pueden establecer, que están en códigos de ética de todo el mundo y que el Ifetel podría recuperar. El Instituto tiene que decidir qué tipo de códigos quiere promover.

Y luego, con esos parámetros, cada estación de radio y televisión tendrá que hacer sus códigos de ética. Aquí hay muchas opciones: hay quienes dicen que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión va a optar por un solo código, con un solo defensor para todos. Es una decisión que pueden tomar. Pero me parece que no se va a dar abasto esa oficina, porque si esto funciona y si la sociedad mexicana aprende a que puede quejarse ante los medios utilizando la figura de este mediador de las audiencias, pues el defensor de la radio y la televisión comercial va a tener muchísimo trabajo.

Hay una experiencia: la única empresa hasta donde yo tengo entendido, que hoy tiene un defensor de la audiencia en el campo privado, es MVS y sólo para noticias. El maestro Gabriel Sosa Plata, a quien tú conoces bien, que es el defensor de MVS tiene mucho trabajo. Inicialmente era sólo del programa de Aristegui, luego se extendió a otros noticieros. Ya recibe quejas de contenidos en otros programas que no son noticieros y esto es interesante porque no tiene cómo actuar en esos casos. Bueno, a partir de esa experiencia podemos reconocer que ningún defensor se da abasto en corporaciones grandes, mucho menos en todas las cadenas privadas. Yo por eso dije hace algunas semanas que aquí puede haber una gran oportunidad, incluso laboral, para muchos comunicólogos, abogados, profesionales de la información, que podrían ser defensores de audiencias y esto va a ser interesante. En la medida en que designen como defensores suyos a gente con experiencia y acreditación profesional, los medios darán una señal de respeto y compromiso y si no lo hacen darán la señal contraria.

¿Qué van a hacer los medios públicos? Algunos ya tienen defensores, sobre todo los del Distrito Federal: IMER, Radio Educación, Canal 22 y el OPMA, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar en los estados? ¿Qué defensor va a tener la radio, la televisión michoacana, la de Veracruz, que es un medio absolutamente mimetizado con los intereses del gobernador? Ahí hay un proceso muy interesante con plazos más o menos escalonados y todo va a comenzar con las reglas que expida la autoridad regulatoria.

WA: El último tema, y lo mencionó usted cuando hablaba de TV UNAM, es el asunto del tránsito hacia la televisión digital y los plazos que se establecieron: diciembre de 2015 (que no aplica a las pequeñas emisoras) y para lo cual queda muy poco. ¿Cómo se ve este panorama y considera que realmente llegaremos a una digitalización de todas las estaciones del país, que son muchísimas, tanto de televisión como de radio en un plazo tan corto y, sin embargo, muy detrás de lo que ha pasado en otros países?

RT: El plazo de diciembre de 2015 es para televisión y hay un compromiso, compartido por Ifetel y, sobre todo, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para propiciar que concluya la digitalización para que los mexicanos tengan dispositivos aptos para recibir la señal digital. Y eso significa tres cosas: que los televisores actuales tengan un convertidor, que la gente en sus viejos televisores tenga conexiones que los incorpore a las televisiones digitales (cable, satélite, etcétera) o que tengan televisiones digitales.

Y hay una decisión del gobierno federal que ha sido discutida por algunos colegas nuestros, que es la repartición y distribución de televisores gratuitos a las familias que el Gobierno considera que no pueden comprar su aparato televisor. Hay quienes dicen que esto es una manera de hacer clientelismo político y puede ser, pero también la dotación de agua potable, la vacunación gratuita en las escuelas, todo es clientelismo político. Pero a mí me parece pertinente que las familias que no pueden comprar su televisor, tengan acceso a una televisión de primera y no se queden con al acceso a una de segunda, atendiendo a la posibilidad de tener más canales, de mejor calidad e imagen y ahora incluso de tener Internet, ya que se dice que los televisores que está repartiendo el Gobierno tienen también acceso a Internet. Está bien, a mí me lo parece y no considero excesivo el gasto que se está presupuestando, unos 5 mil millones de pesos. No es nada para el tamaño de las telecomunicaciones en este país. Si se hace bien, será plausible, desde mi punto de vista.

Eso es punto. ¿Se logrará antes de un año? No lo sé porque ni siquiera el gobierno lo sabe: primero licitarán la fabricación de los televisores y me imagino que la distribución se dará sobre todo después de las elecciones de 2015. En primer lugar porque antes será muy difícil técnicamente y en segundo lugar porque será pertinente que ocurra después. Es más, yo he sugerido en otras ocasiones que tenía que ser después de cada periodo electoral. Y si esto es así, esto tendrá que ocurrir entre la primera quincena de julio y la última de noviembre. Es una operación difícil, no imposible.

Esto es posible, pero ¿estarán las televisoras en capacidad de transmitir digitalmente? Yo creo que sí. Preguntaría también ¿cuáles no? Hoy Televisa y Televisión Azteca pueden. Las nuevas cadenas sólo van a tener la transmisión en digital. Ahí no hay problema. ¿Cuántas otras hay? Los canales de Milenio, que también tienen abierto, yo creo que sí. TV UNAM es sólo digital y también la tele de Guadalajara que es universitaria. Es decir, no encuentro cuáles no. Las pequeñas repetidoras de televisoras estatales, esas sí pueden tener problemas. El Sistema Oaxaqueño, por ejemplo, tiene al parecer unas 80 repetidoras y ¿todas tienen digital? Me temo que no. Ahí tendrá que haber una inversión federal destinada a esas televisoras en el presupuesto que está por discutirse para ejercer en 2015, no hay de otra. Y lo mismo pasa para Michoacán y Veracruz, que ya mencionamos, y otros estados de la República. Ahí puede haber problemas, espero que no muchos.

La radio es otro asunto: desde hace años, los empresarios de la radio en México no han querido que sea forzoso el tránsito digital y hace dos o tres la Secretaría de Comunicaciones aprobó unos parámetros para que el tránsito sea voluntario, en un esquema muy esquizofrénico. En México hoy, la radio es digital cuando sí quieren las empresas e instituciones y sigue siendo analógica cuando no les conviene. Tanto así que los que están más avanzados son los medios del Estado: el IMER ya es digital todo, por lo menos en la Ciudad de México, pero Radio Fórmula no, por ejemplo.

Otra de las decisiones de Ifetel (de acuerdo con el plazo de la Ley, a febrero de 2015) es el establecimiento de los parámetros para el tránsito digital, para definir cuál es la tecnología de la radio en los siguientes años y hay dos asuntos aquí —establecer si se acorta el ancho de banda que separa una frecuencia de la otra, y que podría permitir que se duplicara la cantidad de frecuencias disponibles en cada ciudad, tanto en AM como en FM y, en segundo lugar, si se apresura el tránsito hacia la radio digital y si se hace obligatorio o no y de eso va a depender la radio que tengamos en el futuro—.

WA: Pues muchas gracias. Hemos tocado diversos temas, pues se trata de una reforma extensa que sin duda implica importantes desafíos para la industria, los gobiernos, el órgano regulador y nosotros como académicos que debemos estudiar y analizar estos temas para contribuir con doctrina y conocimiento del tema.

RT: Sí, por supuesto. Hay colegas que dicen que no hubo cambios o son insuficientes. Seguramente son incompletos, pero cambios sí que hay y también novedades tan abundantes que no nos alcanza, a los interesados en esto, la atención para darnos cuenta de todo el panorama.