Análisis de las tecnologías digitales que se utilizan para la gestión de derechos ciudadanos^¹

*Investigador Asistente del CONICET y Presidente de Bienes Comunes, A.C. Es Doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Magíster en Ciencia Política y Sociología, Escribano y Abogado.

Resumen

En el artículo se analiza el concepto de gobierno abierto (open government) y se exploran sus relaciones con el ejercicio y la gestión de los derechos ciudadanos. Específicamente, se revisan y cuestionan las nuevas formas de participación política ciudadana y las tecnologías digitales y plataformas que se utilizan para estos fines. El artículo es aún exploratorio y busca responder preguntas como: ¿Los gobiernos abiertos se relacionan con las tradiciones abiertas/libres de la cultura originaria de Internet? ¿Qué significa participar políticamente en la era digital? ¿Cómo se produce la participación política ciudadana? La investigación busca fortalecer las democracias en América Latina.

Palabras Clave: Participación política, ciudadanía, gobiernos abiertos, democracia, tecnologías digitales.

La construcción de ciudadanías y gobiernos abiertos en la era digital

El desarrollo de las tecnologías digitales, la expansión de Internet y el crecimiento de las redes de telefonía móvil han generado profundos cambios en las formas políticas a nivel global. Las arquitecturas abiertas, libres y de producción colaborativa —entre pares— han permitido que, como nunca antes en la historia de la humanidad, millones y millones de personas (usuarios finales, ciudadanos) a nivel global puedan informarse, comunicarse, expresar sus preferencias, gestionar parte de sus derechos ciudadanos y colaborar para producir, disponer y compartir todo tipo de bienes y obras intelectuales. Estas tecnologías están cambiando la manera de hacer política: desde las campañas y sus diferentes formas de financiamiento, hasta las mismas bases de la participación política ciudadana.

En ningún caso estas tecnologías han sido neutras. Por un lado, han renovado y fortalecido —y pueden robustecer y enriquecer aún más— el ejercicio directo e inmediato de derechos ciudadanos fundamentales: la libertad de expresión, el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho de autor y el derecho de copia, el derecho de libre acceso y la disponibilidad de la información pública (Lessig, 2001; Benkler, 2006; Vercelli, 2009). Por el otro, lejos de una neutralidad tecnológica, estas mismas tecnologías también han servido —y pueden servir— para generar nuevas formas de censura, menoscabos a derechos intelectuales, la desaparición de la privacidad, formas autoritarias de control, la privatización de informaciones de carácter público o la formación de gobiernos totalitarios (Boyle, 2008; Lessig, 2008; Vercelli, 2009).

La relación entre las tecnologías digitales y las formas de gobierno ya tiene una larga historia. Las promesas y reivindicaciones de mejores formas de gobierno estuvieron presentes en los inicios de la digitalización: desde la informatización de las administraciones públicas, hasta los más sofisticados y ambiciosos proyectos de gobiernos electrónicos^² (Berners Lee, 2000; Castells, 2001; 2009; Naser y Concha, 2012). En la actualidad —tal vez con más escepticismo, exigencias y urgencias—, todavía sigue en pie la pretensión de construir gobiernos más democráticos, republicanos, con una ciudadanía digital fuerte y, en suma, lograr una nueva y mejor relación entre los ciudadanos y sus gobernantes (Beas, 2011; Naser y Concha, 2012).

La idea de alcanzar “gobiernos electrónicos abiertos” ha surgido recientemente como una vía, una alternativa, un camino posible que conduzca a la construcción de mejores formas de gobierno en la era digital. Estas iniciativas procuran ser más transparentes, confiables, participativas y colaborativas en la administración de la cosa pública (Obama, 2009; Orszag, 2009; Irekia, 2010a). Se presentan a nivel internacional como un nuevo intento de llevar más apertura, diálogo y participación ciudadana a la política. En este sentido, los gobiernos abiertos parecen enfrentarse al secretismo, la clausura y, sobre todo, a la brecha que separa a los ciudadanos y a sus gobernantes dentro del sistema de representación política (Orszag, 2009; Irekia, 2010a, Ramírez Alujas, 2010).

En pocos años los gobiernos abiertos se pusieron “de moda”. El primero de los gobiernos —autodenominado— “abierto” a nivel mundial se inició a principios del año 2009 en los Estados Unidos. Su actual presidente, Barack Obama, ha sido el principal impulsor de esta modalidad de gobierno electrónico. Obama inició su proyecto de gobierno abierto desde su misma campaña a la presidencia. Para ello, utilizó blogs y redes sociales —como Facebook y Twitter—, diseñó toda una nueva forma de financiar su campaña política, convocó insistentemente a la participación ciudadana y, en pocos meses de gestión, resignificó profundamente las formas de gestionar la cosa pública (Beas, 2011). Para Obama, la apertura de su gestión democratizó los datos e informaciones públicas y mejoró la vida cotidiana de los ciudadanos (Obama, 2009; Orszag, 2009).

Las principales características de los gobiernos abiertos

Los gobiernos abiertos se caracterizan por, al menos, utilizar las tecnologías digitales y las plataformas tecnológicas para buscar mejores niveles de: 1) transparencia en las formas de gestionar el patrimonio público; 2) participación política activa de los ciudadanos en la elaboración y deliberación de iniciativas, políticas y leyes —en forma directa o a través de organizaciones de la sociedad civil—; 3) colaboración entre gobiernos, ciudadanos, partidos políticos, sindicatos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Estos tres elementos están presentes y caracterizan todas las iniciativas a nivel global, son los pilares sobre los que se asienta la apertura en las formas de gobierno (Orszag, 2009; Irekia, 2010a, Vercelli, 2010; Ramírez Alujas, 2010).

¿Existen otros elementos comunes que permitan caracterizar los gobiernos abiertos? Un cuarto elemento presente en estas iniciativas es: 4) la gestión de bienes intelectuales. Los bienes^³ intelectuales^⁴, estas formas de valor intelectual, se expresan de diferentes maneras y pueden presentarse mediante los más diversos soportes (materiales). En este sentido, las experiencias de gobiernos abiertos implican siempre una gestión —más o menos— estratégica de las diferentes formas de valor intelectual. Esta gestión se divide, al menos, en tres formas de valor: 1) gestión de datos —como bases de datos—; 2) gestión de informaciones públicas; y 3) de obras intelectuales —por ejemplo, software, música, artículos de investigación científica o informes técnicos de la administración pública—^⁵.

Las características y elementos de los gobiernos abiertos descritos están íntimamente relacionados con la arquitectura, la política y la cultura que ha definido históricamente el desarrollo de las tecnologías digitales e Internet. Así, el concepto de gobierno abierto también deriva de la apertura de las redes electrónicas y sus protocolos, de la libertad/apertura de los movimientos por el software libre (free software) y software de fuente abierta (open source), del movimiento por el acceso abierto (open access), de los movimientos por la liberación y disponibilidad de la cultura (free culture) y, en suma, de toda una cultura abierta/libre que caracterizó el desarrollo de Internet desde sus inicios (Boyle, 2009; Castells, 2000, 2009; Lessig, 2006; Vercelli, 2004, 2009; Stallman 2004).

Más allá de estas definiciones o de las aproximaciones descritas, el concepto de gobierno abierto aún no tiene un desarrollo sistemático ni es una doctrina política. Es un concepto en construcción, ambiguo, polisémico e, incluso, redundante. Concretamente, ¿qué significa que un gobierno sea abierto? Puede parecer sorprendente e insólito, pero no queda claro a nivel internacional qué significa esta apertura en las formas políticas. En igual sentido, ¿por qué los gobiernos que ya son democráticos y republicanos deben ser también abiertos? ¿Cuál es el carácter que tienen los datos, las informaciones públicas y las obras intelectuales que se producen en cumplimiento de las funciones públicas? ¿Qué niveles de acceso y disponibilidad tienen ciudadanos, empresas u otros Estados?

En igual sentido, mucho se habla por estos días de gobiernos abiertos pero, en proporción, ¿no se habla muy poco de qué serían las ciudadanías abiertas o las nuevas formas de participación política ciudadana en la era digital? Es decir, un segundo nivel de preguntas —íntimamente relacionadas a las primeras— cuestiona qué tipo de relación se presenta entre las tecnologías digitales y estas nuevas formas de participación ciudadana. En concreto, ¿estas formas abiertas de gobierno están generando también ciudadanías abiertas y nuevas formas de gestionar derechos ciudadanos? ¿Cuánto ha cambiado la capacidad que tiene la ciudadanía para participar políticamente mediante Internet o la telefonía móvil? ¿Mediante qué canales o plataformas? ¿Es posible medir los niveles de participación política ciudadana?

Las tecnologías digitales y la gestión de los derechos ciudadanos

Lejos de ser pacíficos, los cambios en las formas de gobierno y sus correlatos en las formas de participación y gestión de derechos ciudadanos estuvieron —y aún están— atravesados por todo tipo de tensiones, negociaciones y luchas. Muchas de las tensiones son cotidianas y se encuentran presentes a cada clic de ratón: al momento de escribir un correo electrónico o una entrada en un blog, dejar un comentario en una red social, chatear, intercambiar archivos en redes de pares, construir un avatar en un mundo virtual, enviar un mensaje de texto por teléfono móvil, jugar en la red mediante consolas de videojuegos o participar políticamente en un portal web gubernamental. Sin embargo, a pesar de su cotidianeidad, muchas veces la ciudadanía no alcanza a percibir cuánto se afectan sus derechos por el uso de ciertas tecnologías y plataformas digitales.

Por ello, desde un abordaje socio-técnico^⁶, es necesario analizar cómo se construyen las experiencias de gobiernos abiertos y de qué forma se relacionan los derechos ciudadanos y las tecnologías digitales que se utilizan para su gestión. En otras palabras, cada una de las relaciones jurídicas, bienes, artefactos, tecnologías o portales de gobierno abierto, son resultado de un proceso continuo de luchas, discusiones, negociaciones y redefiniciones por parte de los diferentes “grupos sociales relevantes” (Thomas, 2008; Vercelli, 2009). Los grupos sociales relevantes están formados por actores que atribuyen significados (Bijker, 1995, p. 46), entre otros: ciudadanos que usan redes sociales; gobiernos nacionales, provinciales y municipales que implementan soluciones de gobierno abierto; empresas de desarrollo de software; corporaciones transnacionales; académicos dedicados al tema; ingenieros; los partidos políticos; organizaciones no gubernamentales (ONG)^⁷.

Mediante este enfoque se busca captar el conjunto de relaciones que provocan el diseño de tecnologías para gestionar datos, que se sancionen leyes sobre acceso a las informaciones públicas, que se produzcan licencias para liberar obras intelectuales o que se construyan plataformas orientadas a la participación política ciudadana. Por ello, dentro de esta investigación, el funcionamiento o no-funcionamiento de una solución de gobierno abierto no responde a una propiedad intrínseca. Por el contrario, es el resultado de un complejo proceso de construcción socio-técnica en el que se evidencian las negociaciones e imposiciones de significados atribuidos por los diferentes grupos sociales^⁸. El funcionamiento o no-funcionamiento de una solución de gobierno abierto o de una plataforma comunitaria de gestión de derechos ciudadanos es el resultado de un proceso complejo en el que se evidencia su éxito o fracaso, su viabilidad o abandono, según las negociaciones e imposiciones de significados atribuidos por los diferentes grupos sociales^⁹.

Las relaciones que se producen entre las regulaciones^¹⁰ y las tecnologías son profundas. En las dos instancias se codifican intereses, valores y posiciones políticas de los grupos sociales (Vercelli, 2004, 2009), además, se articulan en la gestión digital de los derechos ciudadanos. Los procesos políticos de codificación y de-codificación pueden verse sintetizados en las formas de gestión, plataformas web o redes sociales que son, simultáneamente, tanto tecnologías como regulaciones. En este sentido, tanto las regulaciones como las tecnologías se orientan hacia el control de procesos, conductas humanas o espacios. Ambas buscan ajustar, balancear, estabilizar el relacionamiento social. Son parte de un proceso complejo de intervención política sobre las conductas y los espacios a nivel social (Vercelli, 2004, 2009).

Específicamente, las regulaciones y las tecnologías digitales mantienen una relación estrecha, íntima y profunda frente a las diferentes formas de control político y social. Son parte de un proceso mayor donde ambas se articulan, cambian simultáneamente, co-evolucionan, co-varían a través del tiempo^¹¹. Esta relación se define como un proceso de “co-construcción” entre regulaciones y tecnologías^¹². Así, el concepto de co-construcción permite analizar cómo, mediante el mismo proceso —en el mismo momento, en el mismo acto, simultáneamente—, se construyen regulaciones para tecnologizar la sociedad y se construyen tecnologías para regular y gobernar las sociedades.

Las experiencias de gobiernos abiertos no dejan de ser gobiernos electrónicos mediados por la relación entre regulaciones y tecnologías digitales. Los gobiernos abiertos pueden analizarse desde un abordaje socio-técnico, es decir, mediante el enfoque de los procesos de co-construcción que se producen entre regulaciones de derechos ciudadanos y las tecnologías necesarias para la gestión de estos derechos. De allí que las regulaciones y las formas de gestión de derechos ciudadanos puedan analizarse como instancias tecnológicas, como artefactos tecnológicos, como mediaciones socio-técnicas. A su vez, correspondientemente, las tecnologías digitales, el software, las aplicaciones, los códigos digitales y las plataformas de gobierno abierto pueden ser analizados como instancias regulativas.

Este enfoque permite plantear nuevas interrogantes, tanto a nivel global como a nivel local y regional. Entre otras, si las formas políticas para regular los sistemas de gestión de derechos ya no son sólo leyes, entonces, ¿qué actores/grupos sociales están capacitados para participar en su gestión? ¿Quiénes pueden desarrollar estas nuevas instancias de gestión basadas en el diseño de la tecnología? ¿Qué ocurre con las asimetrías existentes entre los países más desarrollados —y sus empresas transnacionales— y los países menos desarrollados? La articulación entre regulaciones de derechos intelectuales y las tecnologías digitales necesarias para expresar y ejecutar esos derechos comenzó a analizarse como un proceso político (socio-técnico) donde se codifican valores, posiciones e intereses de los diferentes grupos sociales involucrados (Vercelli y Thomas, 2008; Vercelli, 2009).

La participación política ciudadana y sus posibles formas de institucionalización

La participación política ciudadana es uno de los cuatro elementos sobre los que se asientan y construyen los gobiernos abiertos (Ramírez Alujas, 2010; Calderón y Lorenzo, 2010). La participación política de la ciudadanía bien puede considerarse su piedra basal y fuente de la soberanía popular. Justamente, es la participación política la que debería favorecer, permitir y construir los diferentes gobiernos —sean estos más o menos abiertos—. En la era digital, si hay gobiernos abiertos, entonces estos tienen que nacer, articularse y sustentarse mediante las diversas formas de participación política de sus ciudadanías (Serrano y Serrano, 2009; Beas, 2011; Naser y Concha, 2012).

A diferencia de la transparencia, la colaboración y la gestión bienes intelectuales —los otros elementos de los gobiernos abiertos—, la participación política ciudadana ha sido uno de los temas menos trabajados y con menos cambios evidentes dentro de los casos de gobiernos abiertos a nivel mundial, no sólo en Estados Unidos, sino también en Canadá, Corea del Sur o Japón. No deja de sorprender esta situación y bien puede considerarse una paradoja. ¿Es posible que a nivel internacional todavía no esté muy claro qué son y cómo se construyen tecnológicamente estas nuevas formas de participación?

No existen grandes cambios en relación a la participación política ciudadana en los gobiernos abiertos. Éste es, justamente, uno de los puntos que debe ser profundizado mediante el análisis de casos e investigaciones de base empírica. El análisis socio-técnico puede ayudar a conocer si la participación política en los gobiernos abiertos es sólo una quimera o, realmente, está produciendo cambios a nivel global. El sentido común indica que a medida que crece la inclusión digital, que aumenta la cantidad de ciudadanos que pueden expresarse y ejercer sus derechos mediante los medios electrónicos, la participación política ciudadana también debería hacerlo y podría verse enriquecida y comenzar un proceso de renacimiento^¹³.

Hoy existe la posibilidad real de que cualquier ciudadano —que esté incluido tecnológicamente— pueda armar en minutos una página web, un blog o suscribirse a una red social que lo habilite a expresarse y le permita recibir comentarios, citas o referencias. Esto favorece la construcción de diálogos distribuidos que cambian y complementan la relación política que la ciudadanía mantenía con los gobiernos y los grandes medios de comunicación: prensa, radio y televisión. En este sentido, las tecnologías digitales e Internet han permitido que la ciudadanía pueda expresarse y participar en el diálogo político mediante el uso de los más diversos canales digitales, plataformas y redes sociales: los correos electrónicos, los foros de discusión, las cadenas de diapositivas, los salones de chat, la mensajería instantánea, los mensajes de texto, las páginas web y los blogs significaron y significan un cambio sustancial en este tipo de participación a nivel global.

Algo similar ocurre con las diferentes formas de obtener información, expresarse y alcanzar un diálogo político, que permiten las plataformas comerciales y las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus o Ning. Sin embargo, rápidamente surgen diversas y profundas preguntas. ¿Cualquier forma de expresión puede entenderse como una participación política ciudadana? ¿Todas las formas de participación mediadas por las tecnologías digitales son necesariamente buenas y deseables para la democracia? Entre otras cuestiones: ¿Expresar ideas, preferencias o discutir algo en una lista de distribución, foro o Twitter implica una participación política ciudadana? ¿La construcción de un foro temático en Facebook se compara con la elaboración de un presupuesto participativo?

¿La participación política ciudadana sólo puede ser crítica y reactiva o también puede darse de forma constructiva y alcanzar resultados institucionales tangibles? ¿Expresarse y opinar es igual que presentar formalmente un proyecto para reformar leyes, decretos o resoluciones? Cada vez es más claro que las nuevas formas de participación ciudadana pueden ir mucho más allá del ejercicio pleno de la libertad de expresión y del ejercicio constitucional de peticionar a las autoridades. En este sentido, ¿es posible pensar en soluciones de gobierno abierto que permitan y favorezcan a los ciudadanos la gestión de otros derechos constitucionales? ¿Cuáles serían las tecnologías digitales, redes o plataformas que favorecerían estas nuevas formas de participación política ciudadana? ¿Existen casos y experiencias de ciudadanías y gobiernos abiertos en América Latina que evidencien estos niveles de gestión de derechos ciudadanos?

A su vez, en relación con los canales de participación, ¿cualquier plataforma comercial puede servir para los fines de la participación ciudadana? ¿Es igual utilizar redes sociales comerciales masivas que canales o plataformas de las instituciones y partidos políticos de un país? Por ejemplo, ¿cuántos canales y redes sociales institucionales se pueden enumerar en América Latina en ministerios, congresos, direcciones nacionales, sindicatos, municipios o universidades públicas?

Ahora, entre muchas otras interrogantes que emergen: ¿Es conveniente institucionalizar estas nuevas formas de participación ciudadana? ¿Esta institucionalización favorecería mejores democracias o las limitaría? ¿Qué tan institucional puede o debe ser la participación ciudadana? ¿Un poco, mucho, completa? Entonces, si la participación política ciudadana se institucionaliza y se logran desarrollar canales público estatales, ¿la participación se hace más fuerte, se enriquece o rápidamente pierde diversidad y se empobrece? ¿Esta participación debe darse con nombre y apellido o también puede ser anónima?

Hacia la construcción de mejores democracias en la era digital

La apertura descrita en las nuevas formas de gobierno es, sin duda, tributaria de la cultura abierta de Internet, de su arquitectura política, de las luchas por el software abierto/libre y de las luchas por la liberación de la cultura en todas sus formas. Éste no es un tema menor, cierto nivel explicativo sobre los conceptos de gobiernos y ciudadanías abiertas depende de estas tradiciones. Las arquitecturas distribuidas, abiertas y de producción colaborativa entre pares —que definieron y todavía definen la red de redes— marcan un punto clave para el análisis de estas nuevas formas de ciudadanías y gobiernos a escala global. En otras palabras, las tecnologías digitales y las plataformas que se usen o se construyan serán de gran relevancia política e impactarán en el tipo de democracia que pueda alcanzar cada uno de los países a nivel mundial.

Los gobiernos electrónicos abiertos están lejos de ser alcanzados por una plácida y descomprometida neutralidad tecnológica. Las tecnologías digitales —y las tecnologías en general— traducen, codifican y solidifican estados de relaciones e intereses. Tienen una historia, un presente y un futuro. Así, las tecnologías con las que se diseñan y construyen los gobiernos y ciudadanías abiertas alrededor del mundo también codifican tensiones, negociaciones, luchas e intereses de los diferentes grupos sociales.

Las nuevas formas de gobierno no se producen por generación espontánea ni pueden transferirse desde otras realidades socio-históricamente situadas. Éstas son una construcción situada y cotidiana, son un emergente de producción colaborativa. Se construyen diariamente a partir del aporte de cada uno de sus ciudadanos. En este sentido, los gobiernos abiertos serán un emergente de producción colaborativa o no serán. Por ello, analizar el aporte ciudadano —individual o colectivo— puede ser muy relevante al momento de estudiar cómo es que se construyen estas nuevas formas abiertas de gobierno/ciudadanía. La construcción socio-técnica de los gobiernos abiertos debe encontrar su correlato en nuevas formas abiertas de las ciudadanías.

Esta línea de investigación debe indagar y analizar si, correspondientemente, también se están co-construyendo nuevas formas de ejercer y gestionar derechos ciudadanos. ¿Se están desarrollando también ciudadanías abiertas en la era digital? La aparente inmutabilidad de la participación política ciudadana es una de las claves que debe ser analizada empíricamente. En este sentido, la participación política de la ciudadanía es, sin duda, el punto más importante en la construcción de los gobiernos abiertos. Estas nuevas formas de participación deben poder caracterizarse y analizarse dentro de marcos más institucionales. Una parte sustancial de la democracia comienza a pasar por el ejercicio y la gestión de estos derechos ciudadanos. El análisis de las formas de gestión permite conocer mejor qué tipo democracias se están construyendo en la era digital.

Hasta el momento estos análisis han tenido una peligrosa desatención en las agendas político-científicas de los países en desarrollo. Las nuevas regulaciones vinculadas al diseño y producción de tecnologías impactan directamente sobre la autonomía, la soberanía y la defensa de los intereses nacionales/regionales. Van construyendo aspectos significativos del desarrollo y democratización de procesos decisorios a nivel global/regional. La construcción de gobiernos y ciudadanías abiertas se ha transformado en un tema estratégico para toda América Latina. Las relaciones que se producen entre el ejercicio de los derechos ciudadanos y las tecnologías digitales diseñadas para su gestión pueden definir —y así lo hacen— aspectos importantes del futuro político, cultural, social y económico de las sociedades.

La construcción de los gobiernos y ciudadanías abiertas en América Latina debe estar guiada por la apertura, la libertad y la disponibilidad del software libre. En este sentido, los gobiernos y las ciudadanías abiertas deben construirse sobre las bases de la soberanía tecnológica. A su vez, es necesario que los países de la región desarrollen sus propias soluciones de gobierno abierto y que éstas respondan a sus identidades, formas productivas, industrias, intereses nacionales y, en suma, que sean parte de una estrategia basada en la soberanía nacional y popular, así como en la integración regional.

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3 El concepto de bien/bienes indica aquello que tiene —o puede tener— un valor, un interés, una utilidad, un mérito y que, a su vez, recibe —o puede recibir— protección jurídica. Así, los bienes son todas aquellas cosas materiales o entidades intelectuales en cuanto objetos de derecho. La definición de bien/bienes alcanza a todo lo que sea o pueda ser jurídicamente tutelado más allá del reconocimiento expreso en una ley positiva o de las interpretaciones jurídico-políticas dominantes (Vercelli, 2009).

4 A diferencia de los bienes de calidad material —o cosas—, los datos, las informaciones o las obras intelectuales se definen como bienes de calidad intelectual. Si bien se expresan en soportes materiales, estos bienes intelectuales —más aún los que se encuentran en formatos digitales— son abundantes y pueden compartirse libremente entre diferentes grupos sociales sin generar relaciones de escasez. Por su calidad, todos los bienes intelectuales tienen un carácter común. Se puede disponer de ellos para cualquier propósito de forma directa, inmediata y sin mediaciones (Vercelli, 2009).

5 Por ejemplo, Barack Obama comprendió de forma rápida que la información del Gobierno Federal de los Estados Unidos era parte de un “activo” o “patrimonio nacional” muy importante (national asset) (Obama, 2009). En pocos años, los gobiernos de Alemania, Holanda, Australia, Reino Unido, Israel, Francia, Corea del Sur, Japón, España, Brasil, Chile o Uruguay, entre otros, resignificaron el concepto de dominio público y comenzaron a utilizar licencias libres o abiertas para la gestión estratégica de los bienes y obras intelectuales.

6 El artículo y esta línea de investigación se basan en un análisis socio-técnico (Bijker, 1995; Thomas, 2008; Vercelli, 2009). Para el enfoque socio-técnico el significado de un artefacto tecnológico —en sus múltiples y diversas expresiones— no puede encontrarse dentro del mismo artefacto. Un artefacto tecnológico no es auto-explicativo, no tiene razones internas, inmanentes o intrínsecas que lo expliquen por sí mismo, más allá de sus diversas inter-relaciones sociales, técnicas, económicas, políticas que lo constituyen históricamente. Este enfoque socio-técnico reconstruye analíticamente tanto el momento dónde los artefactos tecnológicos son partes constitutivas de las relaciones sociales, políticas, económicas como —a su vez— el momento en que estas diversas relaciones se expresan, codifican y materializan en artefactos tecnológicos.

Es decir, analiza cómo las tecnologías son construidas socialmente y cómo las sociedades son construidas tecnológicamente. El análisis socio-técnico permite [des] construir la interrelación entre lo social y lo tecnológico. Este enfoque busca evitar [y superar] las posiciones deterministas y lineales tanto socio-jurídico-políticas como tecnológicas. El marco de análisis socio-técnico propuesto se ubica dentro de un abordaje constructivista y relativista del desarrollo tecnológico (Thomas, 1999). El abordaje es constructivista, puesto que busca captar el momento en que, mediante sus acciones, los diferentes grupos sociales —más o menos relevantes— van construyendo problemas y soluciones en función de la protección o garantía de sus intereses. A su vez, el abordaje es relativista, puesto que en este enfoque no existen tecnologías, regulaciones, políticas, bienes o cualquier tipo de construcciones sociales, que se mantengan sin cambios, que sirvan en todo tiempo y lugar o puedan considerarse universales. Estas construcciones son socio-históricamente situadas (Thomas, 2008; Vercelli, 2009).

7 El análisis socio-técnico permite enfocar —seguir— los grupos sociales que, con su accionar, van construyendo tanto las tecnologías como las regulaciones. En este sentido, se puede observar cómo las regulaciones o las tecnologías son construidas por las mismas personas —ciudadanos— que son usuarios finales de una red distribuida de telefonía móvil, lectores de una biblioteca de una agencia gubernamental, usuarios hogareños de la televisión digital terrestre o ciudadanos que utilizan servicios de gobierno abierto. En esta investigación se pretende mostrar cómo es que las regulaciones y las tecnologías son construidas por la acción de los diferentes grupos sociales y hacen que éstas tengan una composición heterogénea, que sean una construcción híbrida (Bijker, 1995; Callon, 1998; Latour, 2004).

8 El análisis del proceso de imposición y negociación de estos significados permite comprender el desarrollo histórico, el cambio, o bien, el éxito o fracaso de cualquiera de estas construcciones (Thomas, 2008). Según Bijker (1995), la existencia de diversos significados atribuidos a un artefacto por parte de los distintos GSR es un indicio su “flexibilidad interpretativa” en un tiempo y lugar determinados. Esta flexibilidad interpretativa aumenta o disminuye en la medida que se negocian, discuten, consensúan o imponen diferentes significados sobre un artefacto (Bijker, 1995).

9 La noción de funcionamiento puede definirse como un emergente, como algo contingente, relativo a un tiempo-espacio determinado y sujeto a una diversidad de fuerzas y tensiones (políticas, técnicas, sociales, económicas o legales). En esta investigación el concepto de adecuación socio-técnica permite describir por qué una política de gobierno abierto, unas regulaciones o determinadas tecnologías “funcionan”. El concepto de adecuación es complementario al concepto de funcionamiento. Por lo general, las tecnologías funcionan o no-funcionan por un compromiso entre la asignación y negociación de sentido de los grupos sociales y la materialidad de los artefactos (Thomas, 2008).

10 Como ocurre con las tecnologías, para esta investigación las regulaciones también tienen una composición heterogénea. Están compuestas por leyes, modelos de gestión, normas sociales de los usuarios, costumbres, condiciones de mercado, políticas, arquitecturas, tecnologías y, en suma, todo lo que haga funcionar las construcciones jurídicas. A diferencia de lo que indica el sentido común, una regulación no es sólo una ley o un conjunto de leyes. A diferencia de éstas y otras expresiones jurídicas, las regulaciones siempre tienen una faz práctica que debe ser contrastada empíricamente. Más que una proyección o la expresión de intenciones, son el resultado de un proceso complejo que va delineando las formas repetidas, las formas medias del acontecer social. Una regulación, una política o cualquier artefacto tecnológico funciona o no-funciona a partir de las negociaciones de sentidos, de los usos y de las prácticas de los diferentes grupos sociales.

11 En los entornos digitales, las regulaciones y las tecnologías mantienen históricamente una relación estrecha, complementaria y de retroalimentación (Kapor, 1990; Barlow, 1994, 1996; Mitchell, 1995). En el libro Código y otras leyes del Ciberespacio, Lawrence Lessig (2006) es uno de los primeros en explicitar cómo los “códigos eran la ley” (code is law) dentro de los entornos digitales y en mostrar cómo este proceso afectaba políticamente la red de redes. Los estudios sobre las regulaciones en Internet comenzaron a extender su análisis más allá de la esfera estrictamente legal. Internet comenzó a observarse como una red regulada mediante todo tipo de leyes, arquitecturas, costumbres, reglas de mercado y tecnologías (Lessig, 2006; Vercelli, 2004; Benkler, 2006). El diseño de las tecnologías comenzó a ser uno de los puntos de análisis de las regulaciones (Feenberg, 1999, 2002) y emergió, con mayor claridad, la íntima relación entre la producción de regulaciones de derechos intelectuales y las tecnologías digitales diseñadas para gestionar estos derechos (Vercelli y Thomas, 2007; Vercelli, 2009).

12 Es decir, como un proceso socio-técnico, dinámico, auto-organizado, interactivo, de condicionamiento recíprocos, de mutua determinación, tensión, negociación y retroalimentación entre elementos heterogéneos: artefactos, actores, conocimientos, regulaciones, usuarios, políticas, formas de funcionamiento (Oudshoorn y Pinch, 2005; Vercelli y Thomas, 2007; Thomas 2008; Vercelli, 2009).

13 ¿La participación política ciudadana es sinónimo de voto electrónico? El voto popular es, sin duda, una de las formas de participación política: es, hasta el momento, la forma de participación política por antonomasia. Sin embargo, el voto y las urnas electrónicas son un tema muy diferente y, en muchos puntos, forman parte de soluciones indeseables y riesgosas (fraude) para el futuro de las democracias a nivel global.