Introducción

En el campo de la comunicación, como muchos otros dentro de las ciencias sociales, tenemos una gran deuda con las familias y colectivos que, día a día, buscan a las más de 133 mil personas que han sido desaparecidas en México (datos al 6 de octubre de 2025)

Hablamos de deuda no sólo porque nuestros acercamientos han sido a destiempo sino porque, además, no siempre asumimos una postura político-ideológica respecto a la grave crisis de desapariciones que padece el país desde finales de 2006. Fecha en que, tras la declaratoria de “guerra” del expresidente Felipe Calderón contra el crimen organizado, las desapariciones se convirtieron en un delito tanto sistémico como sistemático que, desde que comenzó a manifestarse, no se ha detenido (Gastellum & Franco, 2025).

Esta crisis humanitaria interpela directamente a quienes ejercemos la comunicación, pues exige no sólo registrar los hechos, sino nombrar lo innombrable, cuestionar las narrativas oficiales y acompañar las luchas de quienes buscan verdad y justicia. Sin embargo, asumir este compromiso ético implica enfrentar un contexto adverso.